Modos de Gestión

Planeamiento Estratégico Público para la Innovación de la Gestión


La Dirección de Planeamiento y Reingeniería Organizacional asiste técnicamente a los organismos y dependencias públicas en el diseño de planes estratégicos y operacionales que les permitan alcanzar los propósitos institucionales.

Durante el proceso de planeamiento, los organismos identifican problemas, definen objetivos y adecuan el diseño de sus programas a los planes operacionales, logrando por esta mediación una asignación más eficiente de los recursos.

La modalidad de realización de los ejercicios de planeamiento estratégico y operacional contempla el desarrollo de talleres con una participación de la alta dirección del organismo asistido y de informantes clave determinados por la autoridad superior de cada organización. Información detallada El Modelo de Gestión por Resultados y la Planificación Estratégica Situacional

La agenda de innovaciones de la gestión pública incorpora, como uno de sus principales componentes sistémicos, la gestión por resultados. Este modelo de gestión es un instrumento que permite superar las tradicionales formas de administración burocrática, estableciendo una modalidad vinculada a los logros y su medición en las organizaciones. El nuevo modelo de gestión permite a las organizaciones públicas:

• Estructurar la gestión pública en torno al proceso resultados - productos - recursos;

• Descentralizar la toma de decisiones, sobre la base de la asignación de resultados y la instalación de sistemas de autoevaluación y autocontrol;

• Articular la toma de decisiones cotidiana, el planeamiento estratégico, el proceso de programación presupuestaria, la reingeniería de procesos, el monitoreo de gestión y la rendición de cuentas por resultados;

• Promover en los organismos públicos el predominio de acciones creativas y de rutinas de calidad.

Para garantizar que este esfuerzo se institucionalice y se consolide en nuevas prácticas de gestión pública cualitativamente superiores, es necesario establecer principios y ejes conceptuales capaces de guiar las reformas que requieren las estructuras y los sistemas administrativos actuales.

La calidad institucional aparece así como uno de los soportes del Estado para propiciar y consolidar la eficacia, eficiencia, efectividad y transparencia en el servicio público y aumentar su gobernabilidad y capacidad de gestión.

Esto implica no tan sólo una fuerte apuesta a la satisfacción, de las demandas del presente -tarea que se percibe en esta instancia histórica como insoslayable-, sino también implica dar una respuesta a las expectativas, vale decir, a la demanda de certidumbres de futuro en la percepción y representación del porvenir nacional imaginado por la sociedad.

Lo anterior supone desplegar en la Administración Pública una actividad compleja, por cierto, porque implica no tan sólo realizar la gestión con el vital compromiso de mejorar las capacidades estatales y ponerlas al servicio de las decisiones de política pública, sino también porque propicia sacudir del frondoso ramaje de las realizaciones pasadas, todas aquellas tendencias y adherencias burocráticas que obstruyen la administración y le producen ceguera a la hora de abordar lbios que exigen los objetivos desafiantes, planteados en la actual agenda de gobierno.Los Ejes de las Reformas de la Gestión Pública

Para hacer efectivo este propósito, se constituyen cuatro ejes alrededor de los cuales se articulan y organizan las actividades de recuperación de la calidad institucional:

• La promoción de la eficacia con calidad en el sector público, que remite al fortalecimiento de la responsabilidad del Estado en el eficaz cumplimiento de las demandas de la ciudadanía, en el mejoramiento de la gestión de las políticas públicas y la gobernabilidad;

• La transversalidad, como perspectiva que enfoca los problemas de la Administración Pública en su dimensión horizontal y transdisciplinaria y propicia la labor coordinada y coherente de las

• dependencias y organismos que intervienen en la acción de gobierno;

• La transparencia y la lucha contra la corrupción, que someten la gestión pública al escrutinio riguroso de la población;

Y la ampliación de la ciudadanía que, al mismo tiempo que refuerza la democratización institucional porque compromete la participación activa de los ciudadanos en el sector público, fortalece la responsabilidad del Estado en tanto garante del efectivo ejercicio de los derechos de ciudadanía, establecidos por la Constitución Nacional. Resultados, Responsabilidades y Compromisos Públicos

Los ejes mencionados resignifican el quehacer y las modalidades de gestión del aparato públicoy están explicitados en el modelo de gestión por resultados.

Dicho modelo implica la puesta en marcha, en el conjunto de la Administración Pública, de una política de compromisos y responsabilidades para la obtención de resultados y sustituye el paradigma de la gestión por normas y procedimientos predominante en las formas de administración burocrática.

Esto significa instrumentar modos de gestión basados en la previsión, planeamiento, coordinación, evaluación y control de acciones, que permitan la medición de la producción institucional, de acuerdo con los impactos y resultados obtenidos y con las responsabilidades asignadas a las dependencias y organismos de la Administración Pública en sus compromisos políticos e institucionales.

Se trata, entonces, de incorporar el concepto de "responsabilización", que pretende obtener el compromiso de los funcionarios para los aspectos sustantivos de su gestión y destaca que el valor público que genere la producción institucional debe expresarse en realidades tangibles y mensurables que posibiliten la evaluación de los resultados.

Es, en este carácter, un conjunto de enfoques conceptuales y herramientas metodológicas y técnicas que tiene por propósito propiciar, promover y realizar cambios en las estructuras, sistemas y procesos de gestión para que pauten las actividades de dirección, ejecución y control de la administración pública en un marco de compromisos verificables y exigibles a sus responsables.

Implica, a la vez, actividades permanentes de reflexión acerca de los requerimientos de cambio organizacional que se derivan de la dinámica de las coyunturas sociales, de las demandas de la Agenda Institucional de Gobierno y de la exigencia de desarrollar en las instituciones nuevas capacidades de gestión que las enriquezcan en sus múltiples dimensiones (cognitivas, financieras, tecnológicas, etc.).

Supone, entonces, una lectura crítica de las situaciones y los requerimientos institucionales que se originan en la interacción permanente entre el escenario, la estrategia y la estructura de las instituciones públicas: el escenario, como marco en el que se desenvuelven los diversos actores sociales y, por tanto, contexto condicionante de la acción pública; la estrategia, como dispositivo de construcción de viabilidad político-técnica del proyecto de gobierno y la estructura, como conjunto de relaciones orgánicas, funcionales y logísticas desde donde se alinea la acción gubernamental.

Esto conlleva a desentrañar y evaluar las expectativas que las nuevas realidades imprimen en los deseos y necesidades de la población,como también el modo en que es percibida la acción gubernamental por quienes utilizan sus diversos servicios, porque la meta de las acciones de la Administración Pública debe ser contribuir al bienestar y a la satisfacción de las necesidades y requerimientos de la población.

En este marco, la gestión por resultados implica el desarrollo de un enfoque teórico, y de métodos de planificación estratégica, de una reingeniería de procesos y de pautas que sistematicen los compromisos con los ciudadanos, de modo de vincular los resultados y las responsabilidades inherentes a su cumplimiento a las demandas de bienes, servicios y regulaciones que efectúen la ciudadanía y los requerimientos del Proyecto de Gobierno. Improvisación, Planificación Estratégica y Reingeniería de Procesos

La gestión por resultados demanda de planificación y de evaluación por desempeño, por estar fundamentada en las responsabilidades asumidas por las instituciones públicas y por los servidores públicos, en sus distintos grados de autoridad.

Una gestión sin evaluación de resultados no demanda planificación, quedando ésta, en caso de existir, relegada a una función ritual, desprovista de su rol fundamental de guía para el monitoreo de la trayectoria recorrida en el desarrollo del plan.

En esas condiciones la alternativa a un plan es la improvisación.

Las deficiencias que crea la improvisación son:

• El predominio de la inercia, la continuidad acrítica de acciones; la imposición de las circunstancias transformadas en urgencias y la indiferencia respecto de las demandas de cambio de la realidad;

• La pérdida de tiempo derivada de la atención pormenorizada de temas en el menú diario de decisiones susceptibles de ser atendidos en una normativa;

• El predominio de un gobierno que reacciona frente a las eventualidades por sobre la previsión y la atención proactivas de las causas de los problemas;

La desconcentración y dispersión de la atención del gobernante, ocacionadas en la ausencia de una selección de problemas, de acuerdo con un orden de prioridades, lo que procedería del ejercicio de acciones derivadas de un plan;

El accionismo que se origina en el procesamiento rutinario, parcial y casuístico de problemas, partiendo de perspectivas unilaterales y aisladas entre sí, ya sea desde la óptica política, ya sea desde el ángulo técnico, con ausencia de un procesamiento político-técnico integrado. El resultado de este accionismo es tomar decisiones fragmentarias sin relación con los problemas generales que las originan.

El predominio de la improvisación lleva a las instituciones a seguir la dirección de las tendencias dominantes de las coyunturas con la sensible ausencia de un cálculo sistemático que preceda y presida las acciones de gobierno, sometiendo las decisiones a la presión variable de las circunstancias, las urgencias y las sorpresas, que reducen la gobernabilidad del sistema.

La modernización del aparato público, debido a su complejidad y a las múltiples dimensiones que lo componen, demanda una acción coordinada y un criterio unitario para que las dependencias públicas contribuyan al aumento de la eficacia del sector en su conjunto.

Ello sólo puede obtenerse merced a un plan estratégico que considere en su totalidad, los elementos necesarios para mejorar la acción de la Administración Pública y establecer compromisos que permitan generar en ella una adecuada conciencia de servicio, así como una actitud innovadora, dinámica y responsable.

La transformación del estilo de conducción y dirección gubernamentales que promueve la nueva Agenda Institucional, propicia la adopción de un sistema político técnico de planificación situacional en oposición franca a los estilos tecnocráticos y pragmáticos hasta hace muy poco tiempo dominantes.

Esto explica la revalorización, tanto teórica como práctica, del Estado en su rol planificador, efectuada por el nuevo proyecto de gobierno, y su concepción multidisciplinaria de la gestión pública, que permite abordar los problemas en su complejidad real en lugar de fragmentarlos en sectores administrativos o departamentos del conocimiento. La Gestión por Resultados y el Compromiso con los Ciudadanos

La legitimidad jurídica, conforme a la cual tiende a consolidarse la democracia y el estado de derecho, debe estar acompañada por la legitimidad social de ejercicio que implica la representatividad y la participación constante de la población en los asuntos públicos.

La accesibilidad a los servicios gubernamentales, la calidad de éstos, la velocidad y facilidad de las tramitaciones, los modos cordiales de atención al público, la periodicidad y cantidad de las demandas y de las prestaciones, la identificación de los destinatarios de los servicios, entre otros, deberán constituirse en los interrogantes que organicen los sistemas de gestión y evaluación.

De allí la razón de ser de los compromisos con el ciudadano: estudiar y evaluar, en un proceso continuo, las diversas transacciones que realiza la Administración Pública con los ciudadanos, con el objeto de brindarles satisfacción a sus legítimas demandas, con la calidad y oportunidad requeridas.

En este último sentido se trata de comprometer a las organizaciones públicas con la ciudadanía y de posibilitar el compromiso de los ciudadanos con las instituciones de gobierno, en actividades de mutua incumbencia, para lograr calidad, oportunidad y capacidad de respuesta en los servicios públicos y una mayor satisfacción, ejercicio de derechos y celeridad en el cumplimiento de deberes por parte del ciudadano. El programa enlaza los deberes y derechos del Estado y de los usuarios en activas relaciones de reciprocidad, cordialidad y espíritu de colaboración.

Mientras el organismo se compromete a brindar calidad de servicios, información, estándares técnicos de evaluación, transparencia, cortesía y consecuencia en el trato, corrección de errores y apertura a la percepción del ciudadano (críticas, quejas y sugerencias) sobre los servicios, el ciudadano asume el compromiso de usar racionalmente los recursos y servicios, de cumplir con sus obligaciones impositivas, de participar en la evaluación del desempeño institucional, entre otras responsabilidades implicadas en el mejoramiento de la comunicación e interacción institución pública- ciudadanía.

El programa es una convocatoria al incremento simultáneo de la competitividad institucional y de la participación ciudadana en la gestión pública.